La Comisión Europea ha dado un plazo de dos meses a España para modificar su legislación fiscal y eliminar el trato discriminatorio existente en cuanto a la tributación de los ingresos por alquiler de viviendas entre residentes y no residentes en territorio español.

Actualmente en la legislación fiscal española se permite, para aquellos contribuyentes que tienen la consideración de residentes fiscales en España y tributan a través del IRPF, una reducción del 60% de los ingresos netosobtenidos en el arrendamiento de bienes inmuebles que sean destinados a vivienda por el inquilino. Eso significa que sólo el 40% de los ingresos netos recibidos por el propietario serán gravados.

Sin embargo, esta reducción no se prevé para aquellos contribuyentes cuya residencia fiscal no se encuentra en territorio español. En estos casos, se debe tributar por la totalidad de los ingresos netos obtenidos en el alquiler, ya sea ésta destinado a vivienda o se trate de un alquiler vacacional.

La Comisión Europea ha considerado que esta diferencia de trato es contraria al principio de libre circulación de capitales , establecida en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Y, por ello, desde Bruselas piden a España que modifique esta situación.

 El Gobierno español dispone de un plazo de dos meses para dar cumplimiento a este requerimiento. En caso contrario, la Comisión Europea podrá enviar un dictamen motivado a las autoridades españolas imponiéndoles la correspondiente sanción, así como presentar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.